Atenderá la protección y respeto de los derechos fundamentales de las y los sonorenses: Alfonso Durazo
Hermosillo/VdM, 13 de agosto
El próximo gobierno estatal construirá un auténtico sistema estatal de derechos humanos dedicado a atender, en coordinación y trabajo conjunto con el Gobierno Federal, la protección y respeto de los derechos fundamentales de las y los sonorenses, declaró Alfonso Durazo Montaño.
En rueda de prensa acompañado por Alejandro Encinas
Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; y Enrique
Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), el gobernador electo afirmó
que la defensa de las garantías fundamentales será prioridad en su gobierno.
Durazo Montaño detalló que para la creación de este sistema
se mejorarán las capacidades de las institucionales en el estado y se
integrarán y articularán para que no actúen de manera aislada, contando siempre
con apoyo presupuestal para asegurar su buen funcionamiento.
Profundizan agenda
Por su parte, el subsecretario Encinas Rodríguez comentó que
se acordó profundizar la agenda de derechos humanos en materia atención a
víctimas; la defensa de personas defensoras de derechos humanos y periodistas;
la de violencia de género con centros de justicia para mujeres y niñas, con
políticas en materia de salud sexual y reproductiva; y sobre todo, dijo, se
generará una sinergia para enfrentar con firmeza a quienes violen los derechos
humanos y erradicar la impunidad.
Sobre el tema de la violencia de género, el funcionario
federal anunció que en los próximos días la titular de la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, (Conavim), Fabiola
Alanís Sámano, emitirá la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad.
Por último, el gobernador electo informó que el próximo 16 de septiembre presentará la estrategia estatal de seguridad en una reunión a la que estarán invitados las y los alcaldes de la entidad. Explicó que consistirá en la firma de un acuerdo político para la creación de un mando único coordinado encabezado por la Secretaría de Seguridad estatal en los municipios que enfrentan crisis de inseguridad temporales o permanente.
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