La clase política vive de ocurrencias y no se acerca a quienes les pueden ayudar… Por Andrés A. Solis* Estado de México/VdM, 08 de mayo En 2011, cuando colegas y activistas dialogábamos con autoridades del Gobierno del entonces Distrito Federal y de la Comisión de Derechos Humanos local, sobre cuál debía ser el mejor modelo de protección, siempre hubo opiniones que decían que el mecanismo que se creara no estuviese supeditado al poder público. Eran discusiones serias, intensas, por momentos álgidas, muy necesarias y que mostraron que la ruta necesaria en aquel momento era que la protección era una obligación del Estado y eran las instancias de gobierno las que tenían que brindar las medidas cautelares que periodistas y activistas requirieran para garantizar su seguridad física y patrimonial (en ese entonces no nos hicieron mucho caso a quienes decíamos que debían garantizar también la seguridad emocional de las personas). Esta semana, la bancada del Partido de la Revolución Democ